La crisis de la vivienda no es un fenómeno casual, sino el resultado de décadas de políticas públicas erróneas, falta de visión y una gestión incompetente por parte de los gobiernos. Durante años, se incentivó a los ciudadanos a invertir en el sector inmobiliario como un valor solido y una forma de asegurar su futuro económico a la vez que se abandonaba paulatinamente la construcción de vivienda publica; Sin embargo, esta estrategia, ha demostrado ser insostenible y ha propiciado el problema actual. Uno de los mayores errores fue la venta de vivienda pública a fondos buitre durante momentos de crisis económica. Estas decisiones, tomadas con el objetivo de «hacer caja» a corto plazo, tuvieron consecuencias devastadoras a largo plazo. Paralelamente, se abandonó la construcción de vivienda social, y la que quedó disponible se gestionó de manera deficiente, creando guetos marginados donde la ley parece no existir y se malvive en condiciones de vida precarias. Estos barrios pronto se convirtieron en zonas olvidadas, donde nadie quiere vivir, perpetuando la exclusión social. Ante esta situación, los gobiernos han eludido su responsabilidad. En lugar de asumir sus errores, han descargado la culpa sobre los ciudadanos, disfrazando su inacción bajo la manida excusa y argumento del «escudo social». Las intervenciones en el mercado inmobiliario, lejos de solucionar el problema, han generado inseguridad entre los propietarios, quienes, ante el miedo a perder control sobre sus propiedades, retiran sus viviendas del mercado de alquiler o destinan a otras formas menos intervenidas. Esto ha provocado una escasez…